El Financiero en línea
La brecha entre las necesidades de infraestructura y las inversiones continúa ampliándose en América Latina y el Caribe. Aún persisten rezagos importantes, pese a que la cobertura y la calidad en la mayoría de los servicios de infraestructura han mejorado en décadas recientes.
Por ejemplo, estas dos regiones se han quedado atrás respecto del promedio de los países con ingreso medio, en cuanto a varios rubros: electricidad, transporte y comunicaciones. Las inversiones anuales en infraestructura representan cerca de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero se calcula que Latinoamérica y el Caribe deben invertir de 4 a 6 por ciento del PIB en los próximos 20 años para satisfacer el crecimiento de la demanda y preservar los servicios existentes.
En calidad, los competidores mencionados también superan a la región, cuya infraestructura pública es 26 por ciento menos eficaz que en países industrializados, debido, precisamente, a una calidad deficiente. Desde el punto de vista de los inversionistas, la mayoría de las naciones del Caribe y América Latina ocupan lugares inferiores en la clasificación de competitividad, debido principalmente a su mala infraestructura.
Dentro de la misma región prevalecen contrastantes disparidades. Mientras que algunas naciones ostentan servicios muy parecidos a los de los miembros de la OCDE (por ejemplo Chile), otros países se asemejan más a naciones menos desarrolladas, es decir: Bolivia, Paraguay y Guyana).
También hay, por supuesto, diferencias entre la cobertura rural y urbana dentro de un país; verbigracia, Colombia, donde un tercio de la población rural no tiene fácil acceso a la red carretera, y los hogares rurales se encuentran a 2.5 kilómetros de los caminos que se pueden usar en cualquier estación del año. La cobertura y la calidad también son deficientes en zonas marginadas de las ciudades, cuya densidad poblacional es alta, pero carecen de los servicios básicos.
Las inversiones para infraestructura que realiza el sector privado pueden aminorar el atraso en servicios en cuanto a alcance y calidad. Los gobiernos han experimentado con muchas modalidades para que participen los empresarios en los servicios de infraestructura, tales como:
(a) Concesiones para el uso de instalaciones públicas (aeropuertos, instalaciones para el manejo del agua); recursos naturales (agua para generar electricidad en plantas hidroeléctricas, vapor para plantas geotérmicas) o carreteras.
(b) Privatización de servicios públicos (electricidad, telecomunicaciones).
(c) Acuerdos para proveer servicios del sector público, como contratos para generar, operar y transferir energía eléctrica; acuerdos para producción independiente (tratamiento de aguas, generación de electricidad) y contratos de servicios (gasoductos, carreteras), así como otras formas de asociación entre los sectores público y gubernamental.
Los resultados de tales experimentos varían en países y en sectores por igual: telecomunicaciones es la actividad que más éxito ha tenido en casi todos los países, mientras que en el rubro de agua y salud hubo deficiencias en cuanto a alcance y funcionamiento en todos los países.
El sector energético ha logrado atraer inversiones cuantiosas en muchos países (México, Chile, Brasil, Colombia), mientras tanto crecen las oportunidades de participar en la concesión de carreteras en Costa Rica y Brasil.
Hay dos elementos esenciales que explican el éxito de ciertos sectores para atraer inversión privada con relación a otras actividades: la decisión política de permitir la entrada de capital privado en determinado sector, y la estabilidad (más que la efectividad) del marco regulatorio.
El primer elemento es clave porque el grueso de los proyectos en infraestructura proviene de los gobiernos federales, estatales y municipales, ya sea directamente, como en las privatizaciones de bienes públicos, o indirectamente, es decir mediante una concesión. En otras palabras, los gobiernos son los principales "generadores" de oportunidades para la inversión privada en infraestructura.
El segundo elemento clave para atraer inversión en infraestructura es un marco regulatorio estable y confiable. La experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento para infraestructura muestra que la estabilidad del marco regulatorio, más que sus característica, determina las posibilidades de atraer inversión privada, esto desde el punto de vista de los inversionistas y de quienes realizan el empréstito. Esto se debe a que, en general, las deficiencias en los contratos, en especial desde el punto de vista del que financia, pueden resolverse mediante la estructuración del financiamiento.
Los factores arriba mencionados son necesarios, pero no suficientes para asegurar un aumento sostenido en la inversión privada y cerrar la brecha en infraestructura. Un factor que restringe la realización de los proyectos, en especial los de envergadura, es la falta de fondos para llevar a cabo estudios de factibilidad básicos; verbigracia, técnicos ambientales, financieros y legales. El Banco Interamericano de Desarrollo asiste a los gobiernos de América Latina y el Caribe para materializar sus proyectos mediante variados fondos de asesoramiento técnico para la preparación de los proyectos.
* Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
Artículo especial para EL FINANCIERO (MCH)
